En los sistemas judiciales contemporáneos, la búsqueda de justicia se enfrenta constantemente a la tensión entre la eficiencia procesal y los principios éticos fundamentales. Uno de los mecanismos más controvertidos que encarna este conflicto es el llamado Acuerdo de Alford, una figura legal que permite a un acusado declararse culpable de un delito mientras continúa manteniendo su inocencia. Si bien parece una solución pragmática para descongestionar los tribunales y evitar costosos juicios, este tipo de acuerdo plantea preocupaciones éticas, legales y morales. En su esencia, el Acuerdo de Alford permite que el sistema acepte una declaración de culpabilidad sin que exista una admisión real del delito por parte del acusado, lo que resulta, a todas luces, contradictorio con los principios básicos del derecho penal contemporáneo, entre ellos, la presunción de inocencia, la verdad material y el derecho a un juicio justo. Desde una perspectiva moral, el uso del Acuerdo de Alford distorsiona la función ética de la justicia penal, convirtiendo la verdad en una cuestión secundaria frente a la conveniencia. Al aceptar que un individuo sea condenado sin que haya admitido su culpabilidad, se debilita la legitimidad del castigo y se pone en entredicho el propósito retributivo y rehabilitador de la pena. Además, este tipo de acuerdos presiona indebidamente a personas inocentes —especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad social, económica o cultural— a declararse culpables por miedo a una condena más severa en caso de juicio, lo cual representa una forma indirecta de coacción legalizada. La justicia, en tales condiciones, se vuelve un producto transaccional más que un ideal ético y jurídico. Analizar la inmoralidad del Acuerdo de Alford no solo implica un examen técnico-jurídico, sino también una reflexión sobre los valores que deberían guiar a todo sistema de justicia penal. ¿Es ético que el Estado condene a una persona que insiste en su inocencia? ¿Qué consecuencias tiene este tipo de prácticas en la confianza pública hacia el sistema judicial? Y más aún, ¿puede considerarse verdaderamente justo un sistema que prefiere cerrar casos antes que descubrir la verdad? . En este libro se argumentará que el Acuerdo de Alford, aunque legalmente permitido, constituye una figura moralmente cuestionable que debilita los cimientos éticos del derecho penal y favorece una visión instrumentalista y utilitaria de la justicia. Se presenta una encuesta, una obra de teatro, algunas tipologías y reflexiones finales.